noviembre 4, 2024
Acusan al ex gobernador de Veracruz Cuitlahuac García, de millonario desvío de recursos

by Redacción

El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, enfrenta serias acusaciones de corrupción por el desvió de más de 5 mil millones de pesos mediante un esquema de 227 empresas fantasma, afectando sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo social.

La administración veracruzana creó una compleja red de corrupción donde hasta el 80 por ciento de los contratos públicos habrían sido canalizados hacia un grupo selecto de empresas ficticias, muchas de las cuales operan con domicilios en casas particulares en colonias populares.

Entre las empresas investigadas figuran nombres como Dimaq de Xalapa SA de CV; Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV; Aguas Minerales de los Tuxtlas SA de CV; Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV, y Phono & Medical SA de CV, las cuales comparten la característica de tener direcciones fiscales en domicilios particulares, estas compañías, según los informes, fueron creadas en su mayoría entre 2019 y 2022, período que coincide con la administración de García Jiménez al entrar al poder en la administración veracruzana.

Casa que refiere el domicilio fiscal de la Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV.

A través de una complicada ingeniería contable, la administración de Cuitláhuac García se estructura mediante la creación de empresas “fachada” que permiten redirigir contratos sin controles efectivos, empleando prestanombres y beneficiarios de programas sociales como representantes legales, lo que hace difícil de rastrear, facilitando la triangulación de recursos y su envío de las áreas que más los necesitan, como hospitales, infraestructura y escuelas.

De las 227 empresas fantasma detectadas, un total de 52 han sido utilizadas por la Secretaría de Salud, siendo esta dependencia la principal fuente de adjudicaciones para las empresas investigadas. Según el diputado Ramírez Marín, cinco empresas controlan el 80 por ciento de los contratos en salud, concentrándose cerca de cinco mil millones de pesos.

Este monto, que debía destinarse a mejorar la infraestructura hospitalaria y atender necesidades emergentes, fue desviado sin evidencia de que los bienes y servicios pactados hayan sido entregados.

Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV recibió más de 292 mil pesos
por medicamento que, según testigos, no se entregó.

DESTACA CASO DE PROFESORA QUE RECIBIÓ CONTRATOS POR 100 MDP

Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la administración de Cuitlahuac García Jimenez, es el de Araly Rodríguez Vez, una profesora de secundaria en Poza Rica que, sin contar con antecedentes en el sector de proveeduría, recibió contratos que suman más de 100 millones de pesos.

A decir del diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, la profesora de secundaría puede ser una pieza más de la estructura creada para el desvió de recursos públicos qué hasta el momento no han sido aclarados.

Resulta que una maestra que ganaba 7 mil pesos, le entregaron contratos por 100 millones de pesos de pesos, 60 en la Secretaría de Salud, 40 de la secretaría de Seguridad Pública, en una vende uniformes, en otra, vendía implementos, batas, implementos para para doctores y adicionalmente vendió despensas”.

Por mantenimiento de equipo médico pagaron más de 480 mil pesos a Phono & Medical SA de CV. No hay certeza de la realización del servicio.

A través de diversas adjudicaciones directas, Rodríguez Vez fue beneficiada con contratos que incluían desde la venta de uniformes hasta equipos médicos y despensas, a pesar de que sus ingresos como maestra apenas ascendían a 9 mil pesos mensuales.

De acuerdo con los datos revelados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la Secretaría de Salud le otorgó contratos por más de 60 millones de pesos mediante 31 adjudicaciones, los cuales incluían la compra de insumos para la emergencia sanitaria de COVID-19, equipo médico, y otros artículos. Estos contratos adicionales suman al menos 2.5 millones de pesos en adquisiciones de sillas de ruedas y carriolas pediátricas como parte del programa de apoyos funcionales.

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