La corrupción en el Ayuntamiento de Cuautlancingo ha quedado al descubierto. Durante su gestión como titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOSAPAC), Lupita Daniel detectó y documentó la existencia de una red de aviadores: personas que cobran un salario sin trabajar, protegidas por intereses vinculados directamente al presidente municipal, Omar Muñoz.

La presencia de estos trabajadores fantasma en la nómina del organismo representa un uso indebido de recursos públicos y una de las principales causas del deterioro financiero del SOSAPAC. Esta situación ha impedido cubrir gastos operativos básicos y ha frenado por completo la posibilidad de invertir en infraestructura que resuelva los problemas de abasto y distribución de agua en el municipio.

En lugar de actuar ante estas irregularidades, el gobierno municipal ha emprendido una campaña para destituir a Lupita Daniel de manera arbitraria e ilegal, en lo que ella ha denunciado como un acto de represalia por haber revelado públicamente estas prácticas ilícitas. El proceso de remoción —realizado de forma opaca y al margen de la normatividad— constituye además un caso de violencia política en razón de género, al intentar silenciar a una mujer que ha actuado con firmeza frente a la corrupción.

Daniel anunció que presentará denuncias formales contra el alcalde Omar Muñoz ante distintas instancias, incluyendo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el Instituto Electoral del Estado (IEE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la CONAVIM, para que se investigue y sancione el uso faccioso del poder municipal.

La funcionaria sostuvo que seguirá impulsando el combate a la corrupción en línea con los principios de la Cuarta Transformación, respaldando el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta para sanear las instituciones y poner fin a la impunidad.

Este caso pone en evidencia no solo el uso político de los recursos públicos, sino también la necesidad urgente de limpiar el aparato gubernamental de prácticas que afectan directamente a la ciudadanía y socavan el derecho al acceso al agua en condiciones dignas y equitativas.