La Mesa Directiva recibe y turna a Comisiones propuestas en materia de procuración de justicia, seguridad y protección a víctimas.

Con la finalidad de garantizar una protección efectiva, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que el ordenamiento se aplicará de manera supletoria a la Ley General en la materia.

De esta forma, cuando se adviertan diferentes tipos o modalidades de violencia contra las mujeres, la Ley deberá alinearse con aquellos ordenamientos que las protejan mejor.

La propuesta mediante la cual se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 3 y la fracción IX del artículo 6 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, a fin de adicionar que, en el ejercicio de los derechos y garantías, las autoridades se conducirán sin distinción por razón de embarazo, estado civil, apariencia física, características genéticas, condiciones jurídicas, sociales, económicas, entre otras.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para adicionar en el Código Penal del Estado el delito de acecho, cometido por quien, de manera reiterada o sistemática y sin consentimiento, vigile, persiga, busque o intente comunicarse por cualquier medio con una persona, perturbando su tranquilidad, privacidad o seguridad, provocándole temor, angustia o alteración significativa en su vida cotidiana.

En el mismo sentido, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para adicionar en el Código Penal del Estado el delito de acecho que comete quien, por cualquier medio, siga, vigile o se comunique, de forma persistente y reiterada, en al menos dos ocasiones, con otra persona, sin su consentimiento y esta conducta atente contra su seguridad, libertad o intimidad, al restringir, limitar o alterar su forma de vida o actividades cotidianas, o al generar que ello, limite su libertad de actuar o tomar decisiones, por miedo, temor o angustia a sufrir un daño en su persona, familia o patrimonio.

Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que el Instituto de la Defensoría Pública deberá emplear metodologías y mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar prácticas de discriminación, desigualdad y exclusión por razones de género, así como por otras condiciones o identidades que interactúan con él, como edad, discapacidad, pertenencia a pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria y nivel socioeconómico.

En tanto, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al artículo 292 Bis del Código Penal, con el propósito de considerar como circunstancia agravante del delito de extorsión cuando éste se cometa en perjuicio de una persona migrante, entendida como aquella que se encuentre en tránsito, retorno o asentamiento temporal o definitivo, independientemente de su situación migratoria.

Las iniciativas antes mencionadas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Fuente: Reto Diario