Este jueves, en sesión ordinaria, presentó su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Tlaxcala, bajo el argumento de que la normatividad vigente reconoce la existencia de desigualdades salariales, pero carece de herramientas concretas para corregirlas.“La ley reconoce el problema, pero no establece instrumentos que permitan combatirlo de manera efectiva”, advirtió la legisladora, quien subrayó que la desigualdad salarial constituye una de las formas más persistentes de discriminación laboral contra las mujeres.

En ese sentido, la propuesta legislativa busca convertir el principio de igualdad salarial en una obligación medible y exigible para las instituciones públicas, los gobiernos municipales y el sector privado. Entre los principales cambios que plantea la iniciativa destaca el obligar a las dependencias estatales y municipales a contar con tabuladores públicos de salarios desagregados por sexo, con el propósito de transparentar la estructura salarial y detectar posibles diferencias injustificadas entre hombres y mujeres que desempeñan funciones similares.

También plantea la realización de auditorías salariales periódicas, mediante las cuales se analicen los esquemas de remuneración en instituciones públicas y empresas privadas, a fin de identificar disparidades que puedan constituir prácticas discriminatorias. Además, establece la creación de indicadores oficiales de brecha salarial, los cuales permitirían medir de manera sistemática la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres en distintos sectores productivos y niveles de gobierno.

De acuerdo con la legisladora, estas medidas permitirían pasar de un reconocimiento meramente declarativo del problema a un sistema institucional de verificación y seguimiento de las desigualdades salariales.

En los casos en que se identifiquen prácticas discrecionales o injustificadas en la asignación de salarios, la propuesta contempla que dichas irregularidades puedan ser canalizadas al Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente cuando existan indicios de manejo indebido de recursos o favoritismo en la asignación de sueldos. La legisladora sostuvo que reducir la brecha salarial también implica reconocer el impacto del trabajo no remunerado que realizan muchas mujeres y generar condiciones para su incorporación plena a un sistema económico formal, estable y con acceso a servicios financieros.

Asimismo, plantea otorgar nuevas facultades a la Secretaría de las Mujeres para emitir lineamientos técnicos, dar seguimiento a la información generada y elaborar informes anuales sobre la situación salarial entre mujeres y hombres, así como el intercambio efectivo entre la Secretaría y el Sistema Estatal Anticorrupción.

La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, así como a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.